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Day: April 17, 2020

La eurodiputada Isabel Benjumea en COVID-19

La terrible pandemia de Covid-19 que estamos sufriendo no solo trae consigo una crisis sanitaria y humanitaria, sino también una crisis económica, social y política. Ante este escenario, no debemos olvidar que los momentos de debilidad y crisis son terreno fértil para intervencionistas y estatistas de toda condición, que pretenderán “aprovechar” estos momentos de tremenda incertidumbre para inocular sus dogmas en una sociedad temerosa. 

El confinamiento de los ciudadanos bajo la tutela del Estado como principal medida de prevención frente al virus y las amplios poderes conferidos a los Gobiernos puede ser interpretada por dichos estatistas como el salvoconducto ideal para transmitir sus dogmas: “es el Estado el único capacitado para protegerte de esta amenaza, es el Estado el único capaz de comprender lo que está sucediendo y actuar a tal efecto (administrando por tanto la información y la gestión de la verdad), es el Estado quien marca los tiempos y quien administra tu vida cotidiana… Ergo: es el Estado quien te acabará salvando”.

Como siempre sucede, la realidad se impone a la utopía y los hechos a las ensoñaciones dogmáticas. Basta poner como ejemplo lo que sucede en mi país, España, uno de los más afectados por esta terrible pandemia.

Frente a las medidas recentralizadoras e intervencionistas de un gobierno socialista poco amigo de la libertad, ha sido la iniciativa privada quien ha conseguido desbloquear la exasperante lentitud gestora del gobierno. Mientras el gobierno central amontonaba material sanitario para proceder a un reparto justo y solidario, diferentes empresas se unían para comprar material sanitario y traerlo a nuestro país. Mientras dicho gobierno se perdía en canales burocráticos y ruedas de prensa sin periodistas, la colaboración público-privada en regiones y ciudades permitía la adquisición de material, la gestión directa de la crisis sanitaria y hasta la construcción o adecuación de nuevos hospitales. Mientras el gobierno socialista vende supuestas ayudas que aumentarán el gasto público, son pequeñas, medianas y grandes empresas, junto a sujetos individuales quienes están donando miles de ayudas y aportaciones para luchar contra el virus y dar respuesta a los colectivos más vulnerables y afectados.

Tengamos claro este punto de partida para entender que esa nueva época que se abre tras la crisis del coronavirus correrá el riesgo de regresar hacia un pasado oscuro y fracasado si permitimos que la habitual propaganda estatista manipule la realidad y maquille lo que está sucediendo. Todas las soluciones a esta crisis y todas las aportaciones para construir el futuro han de venir, como siempre, de unas instituciones eficientes y eficaces de limitado poder y de una iniciativa privada fuerte y con capacidad de actuación y desarrollo que pueda colaborar en la reconstrucción y en la búsqueda de soluciones.

Y también tengamos claro que quienes han acaparado todo el poder no lo van a querer volver a entregar así como así. Un estado voraz que ha tenido la oportunidad de gestionar la vida cotidiana de los ciudadanos no va a regalar ese poder. De ahí, que debemos ser vigilantes en la recuperación de todos y cada uno de los derechos individuales entregados en esta crisis.

Es imprescindible entender este contexto antes de abordar el terreno de las medidas. Antes de adentrarnos en las propuestas de ámbito sanitario, fiscal, laboral o social hay que tener claros los peligro que nos acechan y el camino a seguir.

Más concretamente, en relación con el suministro de medicamentos y material sanitario, anteriormente ponía como ejemplo el caso español: ha tenido que ser la colaboración público-privada la que salvara la situación de bloqueo que vivía el país. Y ahí debe haber normas y regulación, por supuesto, siguiendo la sencilla máxima: “pocas y claras”.

Frente a la hiperregulación y la burocracia que bloquea los canales de compra, encarece los productos y retrasa su entrega y posterior reparto, agilicemos las compras delimitando la seguridad de las mismas. La liberalización del sector farmacéutico, permitiendo la venta de medicamentos que no necesitan prescripción médica fuera de las farmacias y online, así como una mayor libertad en el sector tanto en su organización interna como en la creación de nuevos establecimientos, pueden ser líneas a tener en cuenta para lograr el abaratamiento de los medicamentos.

Junto a esa liberalización, las instituciones han de centrar su normativa en asegurar la calidad del producto, especialmente en un tema tan sensible como la salud. Evidentemente, la existencia de patentes que han de superar todos los exigentes filtros de seguridad y calidad, es una herramienta imprescindible. A su vez, aseguran el interés de la investigación privada, tan necesaria para el beneficio público y sanitario. Pero también será papel de las instituciones limitar esa gestión de las patentes, evitando monopolios y abusos en el mercado que pudieran impedir la libre competencia y su consiguiente abaratamiento del producto. 

Medidas liberalizadoras que se combinen con el marco de seguridad que han de aportar las instituciones, reducción y simplificación de la hiperregulación que retrasa la gestión de las soluciones y la colaboración público-privada en la búsqueda de soluciones son el camino a seguir. Y la clave es que esto no son dogmas ideológicos, son apuntes extraídos de observar lo que sucede; de observar la tozuda realidad.


The views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Consumer Choice Center. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

The value of packaging design goes beyond pretty pictures

The value of packaging design goes beyond pretty pictures says Fred Roeder

When people talk about the importance of design, people will often point to iconic logos and branding that we now take for granted, whether it’s the Coca Cola motif, Mr Pringles crisps or Jack Daniels bottles.

But the importance of design isn’t just in the design itself, but in the intellectual property behind the design and its intrinsic value to brand holders and consumers. Design cues provide information and knowledge around the products consumers buy and help to build confidence. Removing design elements simply limits an individual’s ability to make informed decisions about what they are buying.

Late last year, the outgoing UK Chief Medical Officer, Dame Sally Davies, called on the government to threaten the food industry with ‘cigarette style’ plain packaging for sweets and chocolates if they failed to meet sugar reduction targets. Dame Sally called the for the sugar tax programme – already in place for soft drinks – to be extended to cereals, yogurts and cakes if targets are not met by 2021, and applied to calorie-rich foods by 2024.

Creative solutions

Dame Sally’s parting shot at the food, drink and retailing industry comes hot on the heels of the UK’s Food Ethics Council which also called for an outright ban on cartoon mascots on junk food, including fizzy drinks, crisps, cereals and biscuits, in a bid to curb obesity and diseases like diabetes

No one is denying that a there’s a sensible debate to be had around responsible consumption, but unproven laws are not the solution. Rather than scaring people into changing their behaviour or punishing their pockets through ‘sin taxes’ and brand censorship, legislators need to be more creative when it comes to promoting good health.

While it’s not yet government policy in the UK, it soon could be and it will be interesting to see if Chris Whitty, Dame Sally’s replacement, picks up the cudgel and continues to beat food and drink manufacturers, retailers and consumers into submission.

Lawmakers often take their lead from public health bodies like the Food Ethics Council and supranational organisations 13like the World Health Organisation, who just love to wield the ban hammer in the name of protecting public health.

It’s happening already with Ireland’s Public Health (Alcohol) Bill, which became law in October 2018, regulating advertising and promotion, insisting on mandatory cancer warnings, and banning alcohol branding from sports stadiums.

Restricting marketing and communications in certain product categories and, in some cases, banning their availability altogether, will only serve to stifle innovation and violate consumer rights.

You only have to go back 100 years to the US bringing in the Volstead Act, which prohibited the manufacture and sale of alcoholic beverages, to know that banning something simply drives demand underground, fuelling criminality.

Freedom of choice

Unbranded goods provide a boon for organised crime gangs as the labels, packaging and containers are much easier to fake. Spurred on by the promise of enormous profits, the trade in unregulated illegal products represents a tempting proposition for counterfeiters, with huge costs to governments and the public alike. Therefore, the total damage to businesses affected is likely to be higher. Brand censorship will almost certainly lead to losses in the creative industries, including design and advertising services, which are heavily reliant on FMCG contracts.

Brand Finance estimates that the potential value loss to businesses worldwide would be $430.8bn if tobacco-style plain packaging were extended to the beverage industry. This refers to the loss of value derived specifically from brands and does not account for further potential losses resulting from changes in price and volume of the products sold, or illegal trade.

Compounding the issue is a complete lack of analysis-based dialogue between brand owners, consumers and regulators. IP laws and frameworks are positive examples of these groups working together to protect and enforce the interests of rights holders, whilst at the same time allowing consumers the freedom to make their own choices. Despite these efforts, the infringement of IP rights remains a significant problem. According to a 2019 OECD – EUIPO report, the total volume of trade in fakes was estimated at $509bn, or 3.3 per cent of global trade (up from 2.5 per cent in 2013).

The way forward

No brand has a God-given right to exist or survive. But the threat of restrictive business regulation and illegal trade will only serve to hasten their demise by undermining intellectual property rights and weakening their inherent value.

The Food Ethics Council and Public Health England are right to call for a debate on how we can make the country healthier, but the negative impact of limiting brands could wreak havoc in the packaging and creative industries, causing a major headache for big retailers, with no conclusive evidence that the policy will achieve the desired health objectives.

That is why closer collaboration and co-operation between policymakers and industry participants, and education over legislation, provides the best way forward. Instead of health warnings and brand censorship, we should use incentives and encouragement to change consumer behaviour.

Fred Roeder is the Managing Director of the Consumer Choice Center, an independent non-profit organisation, which promotes ‘consumer choice’ among different products, innovations and price classes. The Consumer Choice Center supports lifestyle freedom, innovation, privacy, science and consumer choice. The CCC believes regulators on local, national and supranational levels keep regulating more and more areas of consumers’ lives. This leads to less consumer choice and makes products more expensive.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

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