De aprobarse la nueva Federal de Cinematografía y el Audiovisual propuesta por el Senado, que impone una cuota de 15 por ciento de contenidos nacionales audiovisuales en todas las plataformas de streaming (audio y video digital) que operan en el.
Von der neuen Ley Federal de Cinematografía und der audiovisuellen Propuesta aus dem Senado, die 15 von 15 nationalen audiovisuellen Inhalten umfasst und heute die Streaming-Plattformen (Audio und Video digital) der Oper von Netflix oder Amazon umfasst Prime Video, estará violando el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, coincidieron expertos.
La Presidenta de Observatel (Observatorio de las Telecomunicaciones), Irene Levy, aseguró que la iniciativa que presentó en febrero pasado el senador morenista Ricardo Monreal para abrogar la Ley Federal de Cinematografía, promulgada en 1992, y cambiarla por una nueva ley viola los capítulos 14 , 15 y 19 del acuerdo comercial.
„Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, dijo incluso ya que imponer cuotas puede violar el T-MEC“, argumentó Levy durante su participación en la mesa virtual Cuotas de contenido: ¿una amenaza para la elección del consumidor?, organizada por el Centro de Elección del Consumidor, una organización internacional sin fines de lucro.
Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), coincidió con esta postura y explicó que las cuotas son similares a los aranceles, por lo que puede ser una violación al tratado comercial al ser Equivalente los aranceles a las producciones de Estados Unidos o las que son de Canadá.
„Debe haber otras maneras creativas de incentivar la producción mexicana, sobre todo de productores independientes“, dijo Molano.
El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), Fernando de Fuentes, celebró que haya una iniciativa para modificar la ley de cinematografía porque hacía mucho tiempo que no se hacía y hoy existen nuevos jugadores. Sin embargo, señaló que la camara que representa no fue invitada a participar para saber cuáles serán las consecuencias de este cambio; además, dijo, „si se habla de cuotas deben venir acompañadas con un impulso de presupuesto que ayude a la producción de contenidos de calidad“ y lamentó que en México no haya suficiente apoyo del gobierno para las producciones independientes.
Molano, del Imco, comentó que cuando se presenta una iniciativa al Senado, la intención siempre es buena; sin embargo, aclaró, hay que analizar las implicaciones.
Adriana Labardini, abogada experta en compencia económica y ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), explicó que lo que se busca es diversidad, no más de lo mismo, pero para que la Compencia exista debe haber simetría de los contenidos.
Para esto es necesario entrar al análisis de los algoritmos de las plataformas de streaming, pues „si yo no tengo manera fácil de conocer lavariedad, de nada sirve tener opciones; hay que visibilizar los contenidos nacionales y losculturales“. Labardini dijo que en Colombia se ha obligatorisch a las plataformas a poner un área donde se muestran las producciones colombianas y no solo las grandes producciones.
„Cuando se habla de derechos de audiencias debe ser igual en todas las plataformas, también para la televisión abierta deberá existir esta cuota“, persistió la excomisionada del Ifetel.
Levy, Presidenta de Observatel, analizó que la unión de Televisa-Univision se convertirá en una gran plataforma de contenidos en español, pero „si México continúa con la idea de imponer una cuota, esto pudiera causar que en otros países se exigiera lo mismo con sus producciones nacionales y que de alguna manera, no pudiera convenir al negocio que tiene Televisa; creo que no tendrá la misma fuerza“.
Agregó que con esta neu ley se obligará las plataformas OTT (over the top) von Netflix, Apple Tv+ und Amazon Prime Video und konsumiert erweiterte Produkte, Siempre und Cuando Tengan Menos de 25 años of antigüedad. Hay un plazo de 120 días para cumplir con las cuotas, en cuatro meses es imposible que se pueda llegar a esto con producciones nuevas o independientes, dijo
„Si Netflix agregara a su catálogo las producciones más exitosas en español de 2015 a 2019 subirá su oferta con 16 películas mexicanas, de las cuales 81 by ciento son distribuidas por Videocine, filial de Televisa“, dijo Levy.
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El nacimiento de Televisa-Univision como a empresa combinada daría a la iniciativa del senador Ricardo Monreal, quien plante que el catálogo de contenido de plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney reserviert el 15% a producciones nacionales.
El giro inesperado en la propuesta de reformar la Ley de Cinematografía y Audiovisual del legislador morenista radica justamente en la anunciada fusion zwischen Blim, de Televisa y PrendeTV, de Univision, que daría lugar a la plataforma de contenidos en español más grande existente a la fecha .
Uno de los principales argumentos en contra, parte de analistas del sector y algunos jugadores de la industria, es que Televisa y acaso TV Azteca serían los únicos beneficiados, al ser los principales generadores de contenido en español.
Dado que la fusion entraña a un gigante de contenidos en español, no tendría sentido mantener la iniciativa tal como está, dijo Irene Levy, abogada especializada en telecomunicaciones.
En el Foro sobre Cuotas de Contenido, organizado por Consumer Choice Center, the presidenta of Observatel recordó que el motivo del incentivo de la iniciativas es beneficiar a Televisa, insbesondere a Videocine.
Si México continúa con la idea de imponer un minimo de contenido a todas las plataformas digitales, esto motivaría a que en otros países se exigiera lo mismo, y que esto no convendría al nuevo negocio de plataforma digital que tiene Televisa
Por esa razón, Levy confía en que la iniciativa, si revive en el próximo periodo legislativo, no tendrá la misma fuerza, aunque no descarta que se presente nuevamente, pero con modificaciones.
Adriana Labardini, Excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Coincidió en que la iniciativa de Monreal favorece a Televisa principalmente, además de que bloquea las opciones que pudiera tener el consumidor, al no poder abarcar un catálogo complete.
En su opinión, en México no debería existir ninguna ley que no implique antes un análisis de implementación y de asignación presupuestal, „porque sin presupuesto, cualquier apoyo del Estado es retórica, demagogia y manipulación“, dijo.
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La propuesta para crear una nueva Ley de Cinematografía, del senador de Morena Ricardo Monreal, tendrá como su mayor beneficiaria a Televisa, specificmente tras la fusion de su área de contenidos con Univision, coincidieron especialistas.
„Esta ley va a beneficiar a los únicos que producer una cantidad masiva de contenidos, no necesariamente de calidad ni de autor, pero sí nacionales“, Refirió Ariana Labardini, ex comisionada del IFT.
Durante el conversatorio Las cuotas de contenido: una amenaza para la elección del consumidor, organizado por el Consumer Choice Center (CCC), recordó que la propuesta exige que cines y plataformas digitales de streaming ofrezcan 15 por ciento de contenido nacional en su programación, y subrayó que las únicas empresas capaces de producir tal oferta son la grandes.
La semana pasada, Televisa y Univision dieron a conocer una alianza para conocer a la mayor compañía crreadora de contenido en habla hispana a nivel global, lo que incluye a plataforma of streaming con a mercado potencial de 600 millions de subscriptores.
„Crearán una plataforma gigantísima de contenidos en español como para que el Estado mexicano, según nos lo dicen, tan anti neoliberal, tan anti iniciativa privada, le regale esta protección enorme justo a las dos o tres empresas que no la necesitan“, dijo Labardini .
Al Respecto, Irene Levy, Presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel), dijo que esta ley, de aprobarse, obligatorisch auf einer Plattform von Netflix oder Amazon Prime, a adquirir la producción enlatada de Televisa, porque la cuota de contenido nacional es muy alta y el plazo de cumplimiento de sólo 120 días cuando entre en vigor.
„Son cuatro meses y no hay manera de incentivar un mercado de producción nacional en ese tiempo, lo que incentiva a adquirir contenido y el que más tiene es Televisa“, apuntó.
Las especialistas coincidieron en que la mayor parte de los éxitos producidos en México en los ultimos cinco años, alrededor de 81 por ciento, son de Videocine, empresa filial de Televisa.
„El gran ganador de esta iniciativa tiene nombre y apellido, y es Televisa“, indicó Levy.
Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), añadió que esta cuota es muy parecida a un arancel, lo que podría traer problems a la larga a México con sus socials commerciales.
Subrayó que sólo en el marco del T-MEC podría traer daños con los socials commerciales por el thema de compencia además de que, dijo, esta propuesta no va a contribuir a elevar la calidad de las producciones.
„Veo un riesgo inminente en México con esta ley. Se parece a un arancel y esas cuotas no van a asegurar la diversidad (…) En materia comercial la iniciativa obliga a las plataformas a comprar cosas que no están tan demandadas“, añadió.
Finalmente, Fernando de Fuentes, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), subrayó que si se aprueba una cuota de contenido nacional debe venir acompañada de incentivos para la producción en el país.
„Me parece que hay muchos intereses creados de los grandes agentes preponderantes de la industria (…) Tenemos que promover primero la producción nacional para después hablar de cuotas nacionales“, indicó.
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Propuestas como imponer una cuota de contenido nacional en el streaming, el Padrón Nacional de Usuarios Móviles (Panaut) y otras iniciativas presentadas en el Congreso muestran una tendencia a querer controlar el entorno digital, advirtió Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT).
La creación de una nueva Ley de Cinematografía que impondría una cuota de pantalla a producciones nacionales en streaming y cines no está desligada de otras presentadas por legisladores, como la de ciberseguridad, que propone consecuencias penales si se Considera que hay desinformación o daño a una institución o persona, la creación del Panaut, entre otras.
„Estamos rodeados ahora de una serie de iniciativas en el ecosistema digital tendientes, no como se dice aquí, a aumentar esa diversidad y pluralismo sino a controlar el discurso y eso es grave.
„Quiero combatir el crimen y te pido tus biométricos, quiero que no haya noticias falsas, pero realmente lo que quiero es eliminar un discurso liberal. Eso es peligroso. Hay que analizar esta iniciativa (Ley de Cine) a la luz de todas las demás iniciativas“, dijo Adriana Labardini, ehemalige Kommission des Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el conversatorio Cuotas de contenidos en México, organisiert vom Consumer Choice Center.
La Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual Propuesta von Senator Ricardo Monreal betrachtet Plattformen von Netflix, Amazon Prime oder Disney+, reserviert für 15 Jahre nach dem Katalog für andere Nationen, die vor mehr als 25 Jahren produziert wurden.
Los contenidos deberán ser producidos por agente nacional que no sea controlado por la plataforma digital o est sujeto a un control común con a empresa que parte of gruppe de interés económico de la plataforma digital.
Para la propuesta un productor es nacional una persona física mexicana por nacimiento, naturalización o residencia permanente; o una moral con mayoría del capital votante controlado de manera directa o indirekt por mexicanos por nacimiento o naturalización que ejerzan control efectivo en la empresa.
„Va beneficiar a los únicos que produceren una cantidad masiva de contenidos no de calidad, no de autor, pero sí nacionales. Son los que menos protección necesitaban y tan no necesitaban protección que hace tres días se anuncia la fusion Univision-Televisa.
„Crearán una plataforma gigantísima de contenidos en español como para que el Estado mexicano, según nos lo dicen, tan anti neoliberal, tan anti iniciativa privada, le regale esta protección enorme justo a las dos o tres empresas que no la necesitan“, Kommentar Labardini este lunes en el encuentro de la organización enfocada a la protección del consumidor.
En todo caso, las cuotas deberían imponerse en los canales de televisión y en la TV restringida, agregó la ex comisionada.
Irene Levy, Präsidentin des Observatel, hat im September 2020 die Initiativinitiative aufgenommen und behauptet, einen Mindeststaatsinhalt des 30-jährigen Streamings zu haben.
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INTERVIEW: Jennifer Huddleston (@jrhuddles) an Consumer Choice Radio
-Brauchen wir ein Bundesdatenschutzgesetz?
-Es gibt innovative Praktiken, die von privaten Unternehmen angewendet werden. Wir sollten sie feiern.
-Warum die DSGVO so problematisch ist
-Der „Techlash“ und die schlechten politischen Ideen von links und rechts
-Datensilos und wie man die Privatsphäre und Innovation der Verbraucher wahrt
-Fehler der Datenschutzgesetze auf Landesebene
Jennifer Huddleston ist Direktorin für Technologie- und Innovationspolitik bei der Amerikanisches Aktionsforum.
Eine Reihe von Ländern und Regionen wenden bereits Quoten für Unterhaltungsinhalte an. Das bedeutet, dass ein gewisser Prozentsatz audiovisueller Inhalte auf Rundfunkkanälen lokal sein muss. Diese Regel existiert bereits in Frankreich für Radiosender.
Für private Radiosender gibt es Vorschriften zur Ausstrahlung von französischsprachigen Liedern. Darin heißt es: „Der wesentliche Anteil an Musikwerken in französischer Sprache oder interpretiert in einer in Frankreich verwendeten Regionalsprache muss mindestens 40% französischer Lieder erreichen, von denen mindestens die Hälfte von neuen Talenten oder neuen Produktionen stammen muss, die während eines erheblichen Hörens ausgestrahlt werden Stunden von jedem der vom Conseil supérieur de l'audiovisuel zugelassenen Rundfunkdienste für den Teil seiner Programme, die aus Varietémusik bestehen. ”
Seit Juli 2016 wird das Gesetz durch neue Bestimmungen ergänzt:
Erstens die Hinzufügung einer dritten Ad-hoc-Ausnahmeregelung für sogenannte „Musikentdeckungs“-Radiosender: mindestens 15% neuer französischsprachiger Produktionen oder neuer französischsprachiger Talente Zweitens die Einführung eines Malus, der darauf abzielt, einige der Sendungen der zehn meistgeplanten französischsprachigen Titel, die mehr als 501 TP2T der gesamten französischsprachigen Sendungen ausmachen, von der Berechnung der Einhaltung der Verpflichtung zur Ausstrahlung französischsprachiger Lieder. Schließlich die Schaffung eines Bonus, der es ermöglicht, die Gesamtquoten für französischsprachige Lieder um bis zu fünf Punkte nach unten anzupassen, vorbehaltlich der Erfüllung mehrerer kumulativer Bedingungen, die sich insbesondere auf umfangreiche und quantifizierte Verpflichtungen zur Förderung der Vielfalt des Musikprogramms beziehen.
Es braucht wirklich die Franzosen, um einen Radiosender so geradezu bürokratisch und seine Musik schrecklich kontrolliert zu machen. Ob französische Musik oder nicht, ich kann für mein ganzes Leben kein System verstehen, in dem die Regierung in Ihren Sender kommt und entscheidet, welchen Ursprungs Ihr Audioinhalt sein muss. Es ist nicht nur dystopisch, es ist geradezu autoritär.
Mexiko diskutiert derzeit neue Regeln, die eine nationale Inhaltsquote von 15% („Inhalte oder Videos, die von einer Einzelperson oder einem Unternehmen mit einer Mehrheit der Finanzierung mexikanischen Ursprungs erstellt wurden“) erfordern würden. Dass sich die EU auch mit einer Quote für audiovisuelle Inhalte für lokale Inhalte befasst, ist inspirierend für andere Länder. Entwickelte Länder, die eine Regel haben, erlauben oft die Legitimität nationalistischer Regeln in anderen Regionen. Der Begriff „nationalistisch“ ist hier mit Bedacht gewählt, weil die Regierung im Wesentlichen die Rundfunkveranstalter dazu bringt, absichtlich zu diskriminieren.
Auf welcher Grundlage könnte irgendjemand in der Europäischen Union argumentieren, dass der Konsum europäischer audiovisueller Inhalte in irgendeiner Weise einem Film aus Südafrika oder einem Lied aus Malaysia vorzuziehen ist? Ist dies das europäische Äquivalent zur Unterstützung der kulturellen Vielfalt, der Unterstützung des audiovisuellen Zugangs für unsere Expat-Communities und der Unterstützung der Ersteller von Inhalten in Entwicklungsländern?
Ja, die Vereinigten Staaten dominieren in der Tat die Streaming-Märkte mit ihren Filmen und ihrer Musik. Die Frage ist, ob wir – oder überhaupt irgendein anderes Land – Recht haben in der Annahme, dass die Förderung unseres Kultursektors erfolgt, wenn wir Sender per Gesetz dazu zwingen, unsere Inhalte zu bevorzugen. Die EU ist die bedeutendste Verbraucherregion der Welt; wenn überhaupt, sollte es für unsere Inhaltsanbieter einfacher sein, den Bedarf an lokaler Musik und Filmen zu decken.
Unsere kulturelle Vielfalt zu feiern ist keine schlechte Sache. Es ist zwar großartig, wenn lokale Künstler es auf die große Leinwand schaffen oder ihren Hit in den Charts landen, aber es ist keine Tragödie, wenn dies nicht der Fall ist. Kunst ist kein nationaler Besitz, sie ist ein international geschätzter Teil unseres Lebens. Die Regierung sollte es sich nicht aneignen.
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Tony schaut sich an, wer die Australien-gegen-Facebook-Saga gewonnen hat und warum das wichtig ist. Zu ihm gesellen sich David Clement und Dr. Sinclair Davidson.
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„Facebook hat sich wieder mit Australien angefreundet.“ Das waren die Worte des australischen Schatzmeisters Josh Frydenberg vor einer Schar von Reportern in Canberra diese Woche in einer leicht selbstgefälligen Siegeserklärung im Regulierungskampf zwischen seiner Regierung und dem umkämpften Social-Media-Giganten.
Seine Aussage kam nach Facebook, nachdem es schließlich einen allmächtigen Sturm ausgelöst und dabei viel schlechte Presse für sich selbst erzeugt hatte gab nach und von seinem plötzlichen Verbot aller Nachrichteninhalte für australische Benutzer zurückgetreten. Es folgte dem Beispiel von Google und nahm unter anderem Verhandlungen mit Rupert Murdochs News Corp auf und erklärte sich widerwillig bereit, für das Hosten ihrer Inhalte auf seiner Plattform zu zahlen, wie es das neue australische Gesetz vorschreibt.
Diese Situation ist zutiefst beunruhigend. Kern des Streits ist das neue Gesetz, das vorschreibt, wie Tech-Giganten wie Facebook und Google, die externe News-Links auf ihren Plattformen hosten, mit den Anbietern dieser Inhalte verhandeln müssen.
Jeder kann sehen, dass die Idee der von der Regierung vorgeschriebenen Verhandlungen nicht viel logischen Sinn ergibt. Wenn zwei einvernehmliche Parteien eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung getroffen haben, bei der eine das Teilen der Inhalte der anderen erleichtert, wo ist dann die Rolle der Regierung, einzugreifen und zu fordern, dass Geld den Besitzer wechselt?
Es ist nicht klar, welches Problem die australische Regierung hier zu lösen glaubt. Sie hat willkürlich in den Markt eingegriffen und die eine Seite sehr glücklich und die andere sehr unglücklich gemacht. Aber wozu? Beunruhigenderweise scheint dies nur die jüngste Front eines beunruhigenden neuen Trends zu sein, bei dem sich Regierungen willkürlich in eine Branche einmischen, in der Innovation und Produktivität boomen. Leider neigen Regierungen oft dazu.
Kalifornien zum Beispiel vor kurzem gewonnen das Recht vor Gericht, seine strengen Regeln zur Netzneutralität umzusetzen, der erste Staat, der nahe daran ist, das unglückselige, weitreichende Gesetz aus der Obama-Ära zu kopieren. Inzwischen hat die Europäische Union erklärt seine Absicht, Big Tech mit einer Reihe neuer politischer Ideen im Auge zu behalten, einschließlich jährlicher Check-ins mit der Europäischen Kommission darüber, welche Schritte Unternehmen unternehmen, um „illegale und schädliche Inhalte zu bekämpfen“.
Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, wie wir sollte den Online-Markt regulieren. Die britische Regierung steht in diesem Bereich an einem Scheideweg. Es ist derzeit Beratung über die Parameter seiner neuen Digital Markets Unit (DMU) mit der bestehenden Competition and Markets Authority (CMA).
Bei der Betrachtung der Rolle der DMU täte die britische Regierung gut daran, aus den Fehlern anderer auf der ganzen Welt zu lernen und zu versuchen, die Interessen der Verbraucher zu priorisieren, anstatt sich starr auf eine Seite des Zauns zu begeben und sich vor den Forderungen zu ducken der einen oder anderen gewaltigen Lobbyarbeit, wie es die australische Regierung anscheinend getan hat.
Die DMU wird nach den Worten ihrer Architekten und Befürworter „ein wettbewerbsfreundliches Regime“ sein, was bedeutet, dass „Verbraucher mehr Wahlmöglichkeiten und Kontrolle darüber haben, wie ihre Daten verwendet werden, und kleine Unternehmen besser werben können ihre Produkte online“. Diese erklärten Ziele – den Benutzern das Leben zu erleichtern und den Weg für die Steve Jobs von morgen zu ebnen – scheinen durchweg positiv zu sein.
Aber auch das Regierungsbriefing sagt dass die DMU „einen neuen gesetzlichen Verhaltenskodex“ einführen wird, um „dazu beizutragen, die Beziehung zwischen Verlagen und Online-Plattformen wieder ins Gleichgewicht zu bringen“. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob unsere Regierung plant, den gleichen Weg wie die australische einzuschlagen, aber diese Rhetorik klingt, gelinde gesagt, bedrohlich.
Es gibt sicherlich eine freie Stelle für die DMU, aber der Außenseiter, den sie stützen sollte, ist nicht Rupert Murdoch. Es muss ein schwieriges Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Aufrechterhaltung eines Umfelds, in dem die bestehenden Technologiegiganten in der Lage sind, weiterhin Innovationen zu entwickeln und unseren Lebensstandard zu erhöhen, und gleichzeitig der Förderung eines wirklich wettbewerbsfähigen Umfelds, indem sie Hindernisse für ihre kleineren – aber wachsenden – Konkurrenten beseitigen neue Start-Ups. Das ist der schmale Grat, den die Regierung beschreiten muss.
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Kulturminister Oliver Dowden sieht sich mit einer allmächtigen Aufgabe belastet: der Regulierung des Internets. Sein neues 'Abteilung Digitale Märkte', die Teil der bestehenden Competitions and Markets Authority werden soll, wird das Quango sein, das für die Regulierung der Social-Media-Giganten zuständig ist. Dowden versucht nun, wie der Rest von uns, herauszufinden, was man lernen kann, wenn man in den Trümmern wühlt, die von der behördlichen Auseinandersetzung zwischen Facebook und der australischen Regierung über ein neues Gesetz zurückgelassen wurden, das Online-Plattformen dazu zwingt, Nachrichtenunternehmen dafür zu bezahlen hosten Links zu ihren Inhalten.
Google willigte sofort ein und stimmte den von der Regierung angeordneten Verhandlungen mit Nachrichtenproduzenten zu. Aber Facebook schien bereit zu sein, sich zu wehren und seine Drohung wahr zu machen, alle Nachrichteninhalte aus seinen australischen Diensten zu streichen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Mark Zuckerberg einlenkte, die Facebook-Seiten australischer Zeitungen entsperrte und mit zusammengebissenen Zähnen zustimmte, eine Lastschrift an Rupert Murdoch einzurichten.
Das Drama in Down Under ist weltweit auf gemischte Reaktionen gestoßen, aber es entspricht weitgehend dem Trend, dass Regierungen immer schädlicher und aufdringlicher in den Technologiesektor eingreifen, die Interessen der Verbraucher direkt untergraben und Murdochs Taschen füllen. Die EU zum Beispiel ist bestrebt, sich einzumischen, den Status quo zu missachten und ihre Ambitionen zu enthüllen planen um die Tech-Giganten im Auge zu behalten.
In den USA ist die Situation etwas anders. Einige Verschwörungstheoretiker – die Art, die weiterhin glauben, dass Donald Trump der rechtmäßige Präsident der Vereinigten Staaten ist – mögen das gerne behaupten dass die berüchtigte Section 230, der Artikel der US-Gesetzgebung, der die sozialen Medien dort effektiv regelt, in Zusammenarbeit mit großen Tech-Lobbyisten ausgearbeitet wurde, um Bonzen bei Facebook, Google, Twitter und so weiter einen Gefallen zu tun. In Wirklichkeit war Abschnitt 230 bestanden als Teil des Communications Decency Act im Jahr 1996, lange bevor eines dieser Unternehmen existierte.
Abschnitt 230, der von vielen als große DC-Silicon Valley-Verschwörung zur Schließung der Online-Präsenz der Rechten überhöht wird, ist eigentlich sehr kurz und sehr einfach. Tatsächlich ist es nur 26 Wörter lang: „Kein Anbieter oder Benutzer eines interaktiven Computerdienstes darf als Herausgeber oder Sprecher von Informationen behandelt werden, die von einem anderen Anbieter von Informationsinhalten bereitgestellt werden.“
Dies ist nicht nur ein guter Ausgangspunkt, um das Internet zu regulieren – es ist der nur praktikabler Ausgangspunkt. Wäre das Gegenteil der Fall, würden Plattformen als Herausgeber behandelt und für die von ihren Nutzern eingestellten Inhalte haftbar gemacht, würde der Wettbewerb immens leiden. Etablierte Giganten wie Facebook hätten kein Problem damit, eine kleine Armee von Inhaltsmoderatoren einzustellen, um sich zu isolieren und ihre Position an der Spitze der Nahrungskette zu festigen. In der Zwischenzeit könnten kleinere Unternehmen – die Zuckerbergs von morgen – nicht mithalten, was zu einem erdrückenden Stillstand von Innovation und Wettbewerb führen würde.
Eine weitere unbeabsichtigte Folge – ein klares Thema, wenn es um unangemessene staatliche Einmischung in komplexe Angelegenheiten geht – wäre, dass lebhafte Online-Räume schnell unbrauchbar würden, wenn Unternehmen bis auf einen Zentimeter ihres Lebens auf moderierende Plattformen rennen, um sich gegen rechtliche Gefahren zu impfen.
Selbst mit den derzeit bestehenden Schutzmaßnahmen ist es offensichtlich, wie schrecklich Plattformen bei der Moderation von Inhalten sind. Es gibt Tausende von Beispiele der gut gemeinten Mäßigung schief gelaufen. Im Januar präsentierte Sam Dumitriu vom Entrepreneurs Network gefunden selbst ins Twitter-Gefängnis wegen eines Tweets, der die Wörter „Impfstoff“ und „Mikrochip“ enthielt, um die fehlerhafte Logik eines NIMBY herauszufordern. Der Verzicht auf die grundlegende Bestimmung des Abschnitts 230 würde dieses Problem nur noch viel, viel schlimmer machen, indem die Plattformen gezwungen würden, viel aggressiver zu moderieren, als sie es bereits tun.
Die Zentralisierung der Politik in diesem Bereich scheitert konsequent, egal ob sie von Regierungen oder dem privaten Sektor kommt, weil sie zwangsläufig willkürlich und anfällig für menschliches Versagen ist. Als Facebook versuchte, australische Nachrichtenagenturen zu blockieren, geschah dies ebenfalls aus Versehen gesperrt die in Großbritannien ansässige Ausgabe von Sky News und The Telegraph, die beide australische Namensvetter haben. Die staatlich sanktionierte Zentralisierung der Politik ist jedoch umso gefährlicher, insbesondere jetzt, da Regierungen damit zufrieden zu sein scheinen, das Regelwerk zu zerreißen und die Normen der Industrie fast willkürlich zu randalieren, was zu Eingriffen führt, die sowohl ineffektiv als auch schädlich sind.
Der australische Eingriff in den Markt ist so willkürlich, dass es leicht umgekehrt hätte sein können: News Corp zu zwingen, Facebook für das Privileg zu bezahlen, dass seine Inhalte von Menschen auf der ganzen Welt frei geteilt werden. Vielleicht würde die Politik so herum sogar mehr Sinn machen. Wenn jemand Nachrichtenagenturen ein Werbepaket mit einer Reichweite anbieten würde, die mit der Nutzerzahl von Facebook vergleichbar wäre, wäre der Wert dieses Pakets auf dem Werbemarkt enorm.
Leute dafür bezahlen zu lassen, dass ihre Links geteilt werden, macht überhaupt keinen Sinn. Noch nie in der Geschichte des Internets musste jemand bezahlen, um einen Link zu teilen. Tatsächlich funktioniert das Internet genau umgekehrt: Einzelpersonen und Unternehmen geben regelmäßig große Summen aus, um ihre Links auf die Bildschirme von mehr Menschen zu bringen.
Wenn Sie vor zwanzig Jahren einem Zeitungsredakteur gesagt hätten, dass er bald freien Zugang zu virtuellen Netzwerken haben würde, in denen die weltweite Werbung für seine Inhalte durch organisches Teilen angetrieben würde, wäre er vor Freude in die Luft gesprungen. Eine Aufsichtsbehörde, die daherkommt und verfügt, dass der Anbieter dieses kostenlosen Dienstes dem Zeitungsredakteur jetzt Geld schuldet, ist offensichtlich lächerlich.
Das heißt jedoch nicht, dass eine Regulierungsbehörde keine Rolle spielen könnte. Ob es der Digital Markets Unit gelingt, das Minenfeld der Überregulierung zu umgehen, bleibt abzuwarten. So wie die Dinge stehen, besteht eine sehr reale Gefahr, dass wir auf diesem Weg ausrutschen könnten. Matt Hancock begeistert befürwortet Ansatz der australischen Regierung, und Oliver Dowden hat angeblich mit seinen Kollegen in Down Under über dieses Thema geplaudert.
Der Diskurs über diesen Politikbereich hat bereits zugenommen, aber das Australien-Facebook-Debakel hat ihn entzündet. Die Sterne stehen so gut, dass 2021 der lang ersehnte Zeitpunkt ist, an dem die Regierungen der Welt endlich versuchen, mit den Tech-Giganten zu rechnen. Aus die USA zu Brüssel, aus Australien zum Baltikum, boomt die Aufmerksamkeit, die diesem Thema geschenkt wird.
Während die Politik der britischen Regierung Gestalt annimmt, ist zu erwarten, dass sich in dieser Frage Fronten zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der Konservativen Partei bilden. Was die materiellen Folgen in Großbritannien betrifft, ist noch nicht klar, was das alles bedeuten wird. Die Digital Markets Unit könnte noch ein Held oder ein Bösewicht sein.
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