Organizaciones internacionales rechazaron las medidas propuestas por la OMC. Si se aceptaran y aplicaran, sería contraproducente: profundizaría la crisis y debilitaría las bases de sustentación ante una futura pandemia.

El debate sobre el derecho de propiedad intelectual se puso al rojo vivo con la pretendida iniciativa de liberar las patentes de las vacunas.

Sin embargo, una acción de tal magnitud podría traer aparejado un efecto contrario al deseado ya que se vulneran los esfuerzos de empresas tras haber invertido cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo.

Sobre este tópico, la Fundación Libertad y Progreso junto con otras 26 organizaciones internacionales rechazaron las medidas propuestas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), tendientes a anular los derechos de propiedad intelectual (DPI). El resultado de estas medidas, si se aceptaran y aplicaran, sería contraproducente: profundizaría la crisis en la que nos encontramos y debilitaría las bases de sustentación ante una futura pandemia.

Según el Global Health Innovation Center de Duke University, el mundo se encamina a producir 12.000 millones de dosis de distintas vacunas necesarias para brindar inmunidad de rebaño (70% de la población mundial). Una vejación masiva sobre los derechos de propiedad intelectual afectarán los incentivos para esta producción y futuras investigaciones para el bienestar de la humanidad.

El respeto por los derechos de propiedad intelectual es fundamental para acabar con la pandemia de la Covid-19 y reactivar la economía. La seguridad jurídica garantizará no sólo la producción, sino también el acceso a vacunas.

Libertad y Progreso suscribe a la declaración conjunta que establece los siguientes puntos:

*Los DPI son fundamentales para la producción a escala sostenible de vacunas;
*Los DPI son esenciales para la I&D para futuras pandemias;
*La competencia mundial, no la producción local forzada, será la que mantenga los precios bajos de las vacunas;
*Una suspensión de los DPI no tendrá efecto sobre la producción de vacunas sin una transferencia tecnológica forzada, la cual sería demasiado lenta, estaría llena de problemas legales y causaría mucho daño económico.

Al 20 de abril del 2021, había 217 vacunas anti-Covid (además de más de 600 tratamientos antivirales y terapéuticos) bajo desarrollo a nivel mundial. Este mercado competitivo e innovador se encuentra bajo riesgo con las iniciativas multilaterales anti-DPI. La escasez de vacunas en la Argentina y en otros países, no se hubiera producido o hubiera sido transitoria si los gobiernos respectivos hubieran actuado con diligencia.

Las organizaciones abajo firmantes, hacemos un llamado a los gobiernos para que protejan el sistema de innovación que ha suministrado múltiples vacunas y medicamentos anti-Covid en tiempo récord. De no ser así, la inversión futura para nuevos desarrollos para enfrentar las nuevas cepas de Covid-19 y futuras pandemias será menor y, por ende el costo humano será superior.

La declaración fue firmada por la   Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica, Alternate Solutions Institute de Pakistán, Austrian Economic Centre de Austria, Bay Area Council Economic Institute de los Estados Unidos, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica del Brasil, Center for Global Enterprise de los Estados Unidos,  Competere de Italia, Consumer Choice Centre de Bélgica, Free Market Foundation de Sudáfrica, Fundación Eléutera de Honduras, Fundación IDEA de México, Galen Centre for Health and Social Policy de Malasia, Geneva Network de Reino Unido, Imani Centre for Policy and Education de Ghana, Information Technology and Innovation Foundation de los Estados Unidos, Instituto de Ciencia Política de Colombia, Instituto de Libre Empresa del Perú, Istituto Bruno Leoni de Italia, Istituto per la Competitivà (I-Com) de Italia, KSI Strategic Institute for Asia Pacific de Malasia Libertad y Desarrollo de Chile, Libertad y Progreso de Argentina, McDonald-Laurier Institute de Canadá, Minimal Government Thinkers de Filipinas, Paramadina Public Policy Institute de Indonesia, Prime Institute de Pakistán y Property Rights Alliance de los Estados Unidos.

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