El mes pasado, la Comisión Europea presentó la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales. El marco regulatorio que se ha elaborado durante mucho tiempo tiene como objetivo prevenir y castigar los comportamientos anticompetitivos en las plataformas digitales, en particular, aquellas con al menos 45 millones de usuarios.
Aunque la introducción de estas nuevas regulaciones como tal fue un momento histórico para la política digital de la UE, la naturaleza misma de este nuevo enfoque es punitiva y sus consecuencias no deseadas podrían frenar la innovación en lugar de mejorarla.
El objetivo de la Comisión Europea de mantener a raya a los grandes gigantes tecnológicos se hizo evidente hace mucho tiempo cuando comenzaron a desarrollarse las investigaciones antimonopolio en Facebook y Amazon. La caza de brujas tras las acciones anticompetitivas ha sido el resultado del desconocimiento de la Unión Europea sobre estas nuevas plataformas y cómo operan sus cadenas de suministro.
Por ejemplo, utilizando su cuenta de Twitter, el eurodiputado holandés Paul Tang clasificó el voto del Parlamento Europeo en contra de la publicidad dirigida como un "victoria", y agregó que “Vemos que las grandes tecnologías continúan expandiendo su poder de mercado al considerar los datos personales como una mercancía. Además de interferir con nuestra privacidad, este modelo de ingresos no es saludable y es repugnante para Internet”. Estos remedios políticos terminarían siendo perjudiciales tanto para los consumidores como para las pequeñas empresas, y debilitarían el sector tecnológico enormemente innovador que proporciona valor a los usuarios de toda Europa.
La Ley de Mercados Digitales introdujo una serie de restricciones ex ante que indicarán a las grandes plataformas cómo comportarse y al introducir una nueva herramienta de competencia.
Se deben considerar varios factores para que estos desarrollos sean justos y menos dañinos de lo que pueden ser. Primero, las regulaciones ex antre deben limitarse a las grandes plataformas en línea que califican como guardianes y no deben discriminar entre ellas. Sin embargo, considerando que el mundo de la tecnología está en constante evolución y la economía como tal va a cambiar, es crucial que las regulaciones ex ante sean concisas, directas y flexibles.
Un enfoque inteligente, y el que defendemos, sería lograr un equilibrio entre la necesidad de salvaguardar la competencia y permanecer lo suficientemente liberal como para no bloquear la innovación. Un código de conducta que establezca prácticas específicas en la lista negra sin hacer que los costos de cumplimiento sean excesivamente altos para los guardianes y preservar la elección del consumidor podría ser lo más cerca que podamos llegar a un compromiso.
El retraso digital de la Unión Europea es bien conocido, y si frenamos aún más nuestra economía digital, podríamos encontrarnos al final de la cola para el bienestar económico. La narrativa clave de la reforma digital de la UE no debería ser "castiguemos a las grandes tecnológicas por su éxito", sino "creemos las condiciones favorables para las empresas más pequeñas". Otorgar a la Comisión poderes de investigación a gran escala sería una medida extremadamente peligrosa que probablemente solo aumentará la cantidad de costosos procedimientos antimonopolio sin impulsar la innovación.
Aunque la transparencia es igualmente importante, sus objetivos no deberían llevarnos más allá de los límites. El hecho mismo de que las plataformas digitales aporten valor a los europeos es una clara indicación de que hacen algo bien, y eso debería ser suficiente para que la Comisión forme su juicio. La demanda inigualable de servicios digitales, incluidos los proporcionados por la gran tecnología, habla por sí sola.
La mejor manera de abordar el marco digital recién presentado es ser realista acerca de sus consecuencias no deseadas. Nuestro objetivo debe ser la innovación, no el castigo.
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