WASHINGTON DC – Hoy en día, el Oficina de Protección Financiera del Consumidor dropped its demanda judicial in the District Court of Arizona against the owners of the payment platform Zelle.

Zelle, jointly owned by seven of the nation’s largest banks, is a popular FinTech peer-to-peer payment platform used by consumers to easy send and receive money without additional fees. The CFPB originally alleged the app has not done enough to combat payment frauds committed by scammers.

Yaël Ossowski, subdirector del grupo de defensa del consumidor centro de elección del consumidor, believes the case being dropped is the right move for consumers:

“In targeting the platform rather than punishing those who perpetuate fraud, the agency was regulating by enforcement, hoping to introduce backdoor liability for FinTech firms and payment services that hasn’t been endorsed or approved by Congress. This would have made debanking and offloading of customers even worse. The CFPB was right to drop the case.

“Los servicios de pago ya emplean estrictas medidas antifraude y contra estafas que permiten a los consumidores recuperar su dinero. El uso de la guerra jurídica para promulgar nuevas políticas dará como resultado Reglas costosas e intrusivas que degradarán la experiencia del consumidor, harán que sea más difícil para los consumidores usar o incluso calificar para estas aplicaciones y probablemente crearán condiciones más propicias para que los malos actores roben,” concluyó Ossowski.

The Consumer Choice Center recently launched a manual de políticas Evaluar soluciones legislativas para combatir y aliviar el daño causado por estafas y fraudes en los pagos.

This primer analyzes whether liability remedies proposed in Congress Ayudaría a combatir el fraude y las estafas al consumidor o en última instancia crearía consecuencias no deseadas para los consumidores que no castigan a los malhechores.

El manual incluye sugerencias de políticas clave para que los legisladores ayuden a los consumidores a evitar fraudes y estafas, al tiempo que demuestra los errores que conllevaría una mayor responsabilidad institucional:

• Trasladar la responsabilidad a las instituciones financieras acabará teniendo consecuencias negativas para los consumidores, pues conducirá a una vigilancia financiera más amplia, a mayores costes debido a un mayor cumplimiento y a mayores reembolsos, y a una experiencia del consumidor generalmente degradada que eliminará las ventajas de la tecnología financiera popular y de los bancos.
• La educación financiera del consumidor es la forma más eficaz de prevenir estafas.
• Una ley nacional de privacidad que fomenta la innovación y protege a los consumidores
• Sanciones más severas para quienes cometan fraudes y estafas

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