La reciente presentación del Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta 2025 por parte de la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, marca un cambio significativo en el panorama fiscal de la India. El gobierno afirma que el proyecto simplifica el cumplimiento normativo, reduce la ambigüedad y moderniza el sistema tributario. Sin embargo, si bien el esfuerzo por simplificar la legislación fiscal es encomiable, el proyecto no aborda las principales preocupaciones que afectan directamente a los consumidores, en particular la previsibilidad fiscal, la resolución de disputas y los incentivos para el crecimiento económico.
El gobierno promovió el nuevo proyecto de ley como una victoria por la simplificación, el uso de menos palabras, una reducción del 40 % en la redundancia de disposiciones y una estructura general optimizada. La sustitución del término "año fiscal" por "año tributario" armoniza el sistema indio con las normas internacionales, prometiendo una claridad muy necesaria para contribuyentes y empresas. Sin embargo, bajo esta nueva capa de pintura se esconde el mismo óxido. El proyecto de ley no reforma significativamente la estructura tributaria. Muchas disposiciones de la ley de 1961 permanecen intactas bajo nuevas etiquetas, lo que obliga a los contribuyentes a navegar por un laberinto de referencias cruzadas. Las palabras no reducen la complejidad, especialmente si el sistema sigue siendo complejo.
Los litigios fiscales siguen siendo el mayor problema para los contribuyentes indios, con disputas sin resolver que ascienden a 13,4 billones de rupias en marzo de 2024. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley no hace grandes esfuerzos por introducir un modelo de resolución acelerada de disputas para abordar este acuciante problema. Por ejemplo, el Sistema de Resolución Alternativa de Disputas (ADR) del Reino Unido ofrece a los contribuyentes y a las autoridades un margen de negociación, eliminando costosos procedimientos legales y eliminando los retrasos. Un modelo similar podría implementarse en la India para reducir la acumulación de trámites judiciales y fortalecer la confianza de los contribuyentes.
Los inversores extranjeros siguen desconfiando del sistema tributario indio debido a su imprevisibilidad. El proyecto de ley no contribuye a cambiar esta situación; no introduce mecanismos eficaces para abordar casos complejos, como la demanda fiscal de 1.400 millones de rupias contra Volkswagen, que ejemplifica los riesgos de las disputas fiscales prolongadas. Si India quiere seguir siendo relevante y mantener su ventaja competitiva, debe ofrecer un marco que no solo sea simple en teoría, sino también predecible, estable y lo suficientemente justo como para atraer a los inversores. Para una nación que aspira a convertirse en un centro tecnológico global, el nuevo Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta no apoya a las empresas emergentes ni a los sectores impulsados por la innovación.
Estados Unidos, por ejemplo, promueve la inversión mediante créditos fiscales para I+D, lo que fomenta el crecimiento en industrias emergentes. Singapur va un paso más allá con generosas exenciones fiscales a las empresas emergentes, permitiéndoles reinvertir en la creación de empleo y la expansión. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley de la India mantiene un marco rígido, sin ofrecer incentivos significativos ni impulso financiero para las empresas emergentes emergentes. Si la innovación es el objetivo, el sistema tributario debe impulsarla, no frenarla. El proyecto de ley también desaprovecha una oportunidad crucial para promover la energía verde. Los incentivos fiscales podrían haber fomentado la inversión en energías renovables, convirtiendo a la India en un líder en tecnología limpia. En cambio, no menciona cómo la tributación puede impulsar las opciones de consumo sostenibles, otra oportunidad perdida para alinear las políticas con el progreso.
El Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de 2025 constituye sin duda un paso hacia la simplificación fiscal, pero no debe ir en detrimento de los factores económicos clave, los incentivos a la innovación, la confianza de los inversores y la resolución de disputas. El sistema sigue siendo un obstáculo en lugar de un catalizador del crecimiento. Si el gobierno desea empoderar a las empresas y a los consumidores, debe garantizar que las leyes tributarias impulsen el crecimiento económico y no una carga administrativa. India tiene la oportunidad de crear un sistema tributario transparente, eficiente y competitivo a nivel mundial. Sin embargo, en su forma actual, el nuevo proyecto de ley corre el riesgo de ser más una actualización superficial que la reforma estructural que India realmente necesita. Si los responsables políticos aspiran a convertir a India en un destino atractivo para la inversión y la prosperidad económica, deben ir más allá de las reducciones de texto y centrarse en un cambio real y sustancial.
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