De aprobarse la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual propuesta por el Senado, que impone una cuota de 15 por ciento de contenidos audiovisuales nacionales en todas las plataformas de streaming (audio y video digital) que operan en el.
De aprobarse la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual propuesta por el Senado, que impone una cuota de 15 por ciento de contenidos audiovisuales nacionales en todas las plataformas de streaming (audio y video digital) que operan en el país, como Netflix o Amazon Prime Video, se estará violando el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, coincidieron expertos.
La presidenta de Observatel (Observatorio de las Telecomunicaciones), Irene Levy, aseguró que la iniciativa que presentó en febrero pasado el senador morenista Ricardo Monreal para abrogar la Ley Federal de Cinematografía, promulgada en 1992, y cambiarla por una nueva ley viola los capítulos 14 , 15 y 19 del acuerdo comercial.
“Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, dijo incluso ya que imponer cuotas puede violar el T-MEC”, argumentó Levy durante su participación en la mesa virtual Cuotas de contenido: ¿una amenaza para la elección del consumidor?, organizada por el Centro de Elección del Consumidor, una organización internacional sin multas de lucro.
Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), coincidió con esta postura y explicó que las cuotas son similares a los aranceles, por lo que puede ser una violación al tratado comercial al ser equivalente a los aranceles a las producciones de Estados Unidos o las que son de Canadá.
“Debe haber otras maneras creativas de incentivar la producción mexicana, sobre todo de productores independientes”, dijo Molano.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), Fernando de Fuentes, expresó que hubo una iniciativa para modificar la ley de cinematografía porque hacía mucho tiempo que no se hacía y hoy existen nuevos jugadores. Sin embargo, dijo que la cámara que representa no fue invitada a participar para saber serán las consecuencias de este cambio; además, dijo, “si se habla de cuotas deben venir acompañadas con un impulso de presupuesto que ayude a la producción de contenidos de calidad” y lamentó que en México no haya suficiente apoyo del gobierno para las producciones independientes.
Molano, del Imco, comentó que cuando se presenta una iniciativa al Senado, la intención siempre es buena; sin embargo, aclaró, hay que analizar las implicaciones.
Adriana Labardini, abogada experta en competencia económica y ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), explicó que lo que se busca es diversidad, no más de lo mismo, pero para que la competencia existe debe haber simetría de los contenidos.
Para esto es necesario entrar al análisis de los algoritmos de las plataformas de streaming, pues “si yo no tengo manera fácil de conocer la variedad, de nada sirve tener opciones; hay que visibilizar los contenidos nacionales y los culturales”. Labardini dijo que en Colombia se ha obligado a las plataformas a poner un área donde se muestran las producciones colombianas y no solo las grandes producciones.
“Cuando se habla de derechos de audiencias debe ser igual en todas las plataformas, también para la televisión abierta deberá existir esta cuota”, insistió la excomisionada del Ifetel.
Levy, presidenta de Observatel, analizó que la unión de Televisa-Univision se perdió en una gran plataforma de contenidos en español, pero “si México continúa con la idea de imponer una cuota, esto podría causar que en otros países se exigiera lo mismo con sus producciones nacionales y que de alguna manera, no pudiera convenir al negocio que tiene Televisa; creo que no tendrá la misma fuerza”.
Agregó que con esta nueva ley se obligará a las plataformas OTT (over the top) como Netflix, Apple Tv+ y Amazon Prime Video a consumir productos enlatados, siempre y cuando tengan menos de 25 años de antigüedad. Hay un plazo de 120 días para cumplir con las cuotas, en cuatro meses es imposible que se pueda llegar a esto con producciones nuevas o independientes, dijo
“Si Netflix agregara a su catálogo las producciones más exitosas en español de 2015 a 2019 subirá su oferta con 16 películas mexicanas, de las cuales 81 por ciento son distribuidas por Videocine, filial de Televisa”, dijo Levy.
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El nacimiento de Televisa-Univision como una empresa combinada daría un giro a la iniciativa del senador Ricardo Monreal, quien plantea que el catálogo de contenido de plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney reserven el 15% a producciones nacionales.
El giro inesperado en la propuesta de reformar la Ley de Cinematografía y Audiovisual del legislador morenista radica justamente en la anunciada fusión entre Blim, de Televisa y PrendeTV, de Univision, que daría lugar a la plataforma de contenidos en español más grande existente a la fecha .
Uno de los principales argumentos en contra, por parte de analistas del sector y algunos jugadores de la industria, es que Televisa y acaso TV Azteca serían los únicos beneficiados, al ser los principales generadores de contenido en español.
Dado que la fusión entraña a un gigante de contenidos en español, no tiene sentido mantener la iniciativa tal como está, dijo Irene Levy, abogada especializada en telecomunicaciones.
En el Foro sobre Cuotas de Contenido, organizado por Consumer Choice Center, la presidenta de Observatel registró que el motivo del incentivo de la iniciativa es beneficiario a Televisa, particularmente a Videocine.
Si México continúa con la idea de imponer un mínimo de contenido a todas las plataformas digitales, esto motivaría a que en otros países se exigiera lo mismo, y que esto no convendría al nuevo negocio de plataforma digital que tiene Televisa
Por esa razón, Levy confía en que la iniciativa, si revive en el próximo período legislativo, no tendrá la misma fuerza, aunque no descarta que se presente nuevamente, pero con modificaciones.
Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), coincidió en que la iniciativa de Monreal favorece a Televisa principalmente, además de que bloqueó las opciones que pudiera tener el consumidor, al no poder abarcar un catálogo completo.
En su opinión, en México no debería existir ninguna ley que no implique antes un análisis de implementación y de presupuestal, “porque sin presupuesto, cualquier apoyo del Estado es retórica, demagogia y manipulación”, dijo.
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La propuesta para crear una nueva Ley de Cinematografía, del senador de Morena Ricardo Monreal, tendrá como su mayor beneficiario a Televisa, particularmente tras la fusión de su área de contenidos con Univision, coincidieron especialistas.
“Esta ley va a beneficiar a los únicos que producen una cantidad masiva de contenidos, no obstante de calidad ni de autor, pero sí nacionales”, refirió Ariana Labardini, ex comisionada del IFT.
Durante el conversatorio Las cuotas de contenido: una amenaza para la elección del consumidor, organizado por el Consumer Choice Center (CCC), recordó que la propuesta exige que cines y plataformas digitales de streaming ofrecieran 15 por ciento de contenido nacional en su programación, y subrayó que únicas empresas capaces de producir tal oferta son las grandes.
La semana pasada, Televisa y Univision dieron a conocer una alianza para conformar a la mayor compañía creadora de contenido en habla hispana a nivel global, lo que incluye una plataforma de streaming con un mercado potencial de 600 millones de suscriptores.
“Crearán una plataforma gigantesca de contenidos en español como para que el Estado mexicano, según nos lo dicen, tan anti neoliberal, tan anti iniciativa privada, le regale esta enorme protección justo a las dos o tres empresas que no la necesitan”, dijo Labardini .
Al respecto, Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel), dijo que esta ley, de aprobarse, obligaría a plataformas como Netflix o Amazon Prime a adquirir la producción enlatada de Televisa, porque la cuota de contenido nacional es muy alta y el plazo de cumplimiento de sólo 120 días cuando entre en vigor.
“Son cuatro meses y no hay manera de incentivar un mercado de producción nacional en ese tiempo, lo que incentiva a adquirir contenido y el que más tiene es Televisa”, apuntó.
Los especialistas coincidieron en que la mayor parte de los éxitos producidos en México en los últimos cinco años, alrededor del 81 por ciento, son de Videocine, empresa filial de Televisa.
“El gran ganador de esta iniciativa tiene nombre y apellido, y es Televisa”, señaló Levy.
Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), agregó que esta cuota es muy parecida a un arancel, lo que podría traer problemas a la larga a México con sus socios comerciales.
Subrayó que sólo en el marco del T-MEC podría traer daños con los socios comerciales por el tema de competencia además de que, dijo, esta propuesta no va a contribuir a elevar la calidad de las producciones.
“Veo un riesgo inminente en México con esta ley. Se parece a un arancel y esas cuotas no van a asegurar la diversidad (…) En materia comercial la iniciativa obliga a las plataformas a comprar cosas que no están tan demandadas”, añadió.
Finalmente, Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), subrayó que si se aprueba una cuota de contenido nacional debe venir acompañada de incentivos para la producción en el país.
“Me parece que hay muchos intereses creados de los grandes agentes preponderantes de la industria (…) Tenemos que promover primero la producción nacional para después hablar de cuotas nacionales”, distinguida.
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Un lunes, hay una fuga de datos que afecta medio billón Cuentas de Facebook, para el martes un bot ha raspado 500 millones cuentas de LinkedIn. El miércoles, la Universidad de Stanford anuncia un cortar a tajos que expuso miles de números de seguridad social y detalles financieros. Luego, el jueves, la compañía de TI de aviación más grande del mundo anuncia Es posible que se haya accedido al 90 por ciento de los datos de los pasajeros en un ataque cibernético. Y así. El ciclo es interminable.
La gran cantidad de informes de fugas de datos, piratería y estafas en las cuentas afectadas ahora ha crecido tanto que los consumidores y usuarios se quedan atónitos. Bien podría ser el aumento vertiginoso de la deuda nacional: cuanto mayor sea el número, menos nos importa.
Pero las violaciones de datos privados importan. Y los consumidores deberían estar debidamente enfadados.
Porque por cada error de la empresa, explotación de piratas informáticos y base de datos gubernamental insegura, hay miles de empresas y organizaciones que lo hacen bien, manteniendo los datos de los usuarios seguros, encriptados y lejos de miradas indiscretas.
Y aunque estados como California, Virginia y Vermont han aprobado leyes de privacidad y datos, muchas de estas disposiciones se parecen demasiado a las de la Unión Europea. preocupado Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para hacer que sea más difícil para las empresas legítimas proteger los datos, no menos.
Cuando se producen grandes filtraciones de datos, los consumidores que han sido legítimamente perjudicados deben presentar sus demandas ante los tribunales.
Pero el mosaico actual de regulaciones en los EE. UU., incluso en el estado centrado en la tecnología de California, impone una carga demasiado grande a quienes cumplen la ley y hacen lo correcto por sus clientes, y corren el riesgo de crear reglas diferentes en diferentes jurisdicciones. Para evitar esto, deberá tomar forma un marco nacional sobre datos y privacidad del consumidor.
Si bien siempre debemos estar atentos a las posibles filtraciones y ataques, una de las principales preocupaciones de un proyecto de ley de privacidad de datos inteligente y de sentido común debe ser defender la innovación.
Para cada nueva empresa de datos de salud, empresa de logística o dispositivo portátil de consumo, la recopilación y retención adecuadas de datos son un valor fundamental. Mientras más reglas sean uniformes, claras y no creen barreras de entrada, más innovación veremos en lo que respecta a la protección de datos.
Deberíamos incentivar a las empresas a adoptar estándares de interoperabilidad y datos abiertos para garantizar que los datos sean portátiles y de fácil acceso para los usuarios. Las principales redes sociales ahora permiten esta previsión, y ha sido el estándar para los datos de sitios web durante varios años.
Si eso se convierte en el estándar, los consumidores podrán elegir las marcas y los servicios que mejor se adapten a sus necesidades e intereses, en lugar de solo las empresas que quedan en pie tras la sobrerregulación.
Al mismo tiempo, si vamos a tener un proyecto de ley de privacidad nacional, debemos consagrar el principio de neutralidad tecnológica, donde el gobierno evita decretar ganadores y perdedores. Eso significa que regular o respaldar varios formatos de datos, algoritmos o tecnología debe ser determinado por empresas y consumidores, no por agencias gubernamentales sin el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones. El reciente intento de la UE de designar el “cargador de teléfono común” como la conexión micro-USB, en un momento en que las conexiones USB-C se están convirtiendo en la estándar en la industria, es un ejemplo fácil.
Esto también se extiende a las prácticas de innovación como la publicidad dirigida, la orientación geográfica o la personalización, que son clave para la experiencia del consumidor.
Además de eso, debemos tener cuidado con todos los intentos de prohibir el cifrado para uso comercial y personal.
En las últimas semanas, el director del FBI, Christopher Wray, ha pedido una vez más al Congreso que prohibir el uso de cifrado, una extralimitación que pondría en riesgo miles de millones de dólares en datos de la noche a la mañana y nos dejaría vulnerables a los piratas informáticos extranjeros.
A él se unen en estos esfuerzos los senadores Lindsey Graham (R-SC), Tom Cotton (R-AR) y Marsha Blackburn (R-TN), quienes presentaron un factura eso prohibiría para siempre esta importante invención criptográfica, advirtiendo que es utilizada por "terroristas y otros malos actores para ocultar comportamientos ilícitos".
La razón por la que el cifrado sigue siendo una herramienta poderosa en el arsenal de las empresas y agencias que manejan nuestros datos y comunicaciones es porque funciona. Debemos defenderlo a toda costa.
Si bien hay mucho de qué preocuparse cuando se trata de infracciones y ataques en línea, los consumidores deberían poder beneficiarse de un mercado innovador de productos y servicios, libre de regulaciones que con demasiada frecuencia restringen el progreso.
Este equilibrio es posible y necesario, tanto si queremos tener una experiencia online más segura, como si queremos seguir contando con la mejor tecnología a nuestro alcance para mejorar nuestra vida.
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Propuestas como imponer una cuota de contenido nacional en el streaming, el Padrón Nacional de Usuarios Móviles (Panaut) y otras iniciativas presentadas en el Congreso muestran una tendencia a querer controlar el entorno digital, cambiar Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones ( SI T).
La creación de una nueva Ley de Cinematografía que impondría una cuota de pantalla a producciones nacionales en streaming y cines no está desligada de otras presentadas por legisladores, como la de ciberseguridad, que propone consecuencias penales si se considera que hay desinformación o daño a una institución o persona, la creación del Panaut, entre otras.
“Estamos rodeados ahora de una serie de iniciativas en el ecosistema digital tendientes, no como se dice aquí, a aumentar esa diversidad y pluralismo sino a controlar el discurso y eso es grave.
“Quiero combatir el crimen y te pido tus biométricos, quiero que no haya noticias falsas, pero realmente lo que quiero es eliminar un discurso liberal. Eso es peligroso. Hay que analizar esta iniciativa (Ley de Cine) a la luz de todas las demás iniciativas”, dijo Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el conversatorio Cuotas de contenidos en México organizado por Consumer Choice Center.
La Ley Federal de Cinematografía y la propuesta Audiovisual del senador Ricardo Monreal contemplan que plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney+, reserven el 15 por ciento de su catálogo para obras nacionales que no han sido producidas hace más de 25 años.
Los contenidos serán producidos por agente nacional que no sea controlado por la plataforma digital o esté sujeto a un control común con una empresa que forme parte del grupo de interés económico de la plataforma digital.
Para la propuesta un productor es nacional una persona física mexicana por nacimiento, naturalización o residencia permanente; o una moral con la mayoría del capital votante controlado de manera directa o indirecta por mexicanos por nacimiento o naturalización que ejerzan control efectivo en la empresa.
“Va beneficiario a los únicos que producen una cantidad masiva de contenidos no de calidad, no de autor, pero sí nacionales. Son los que menos protección necesitan y tan no necesitan protección que hace tres días se anuncia la fusión Univision-Televisa.
“Crearán una plataforma gigantesca de contenidos en español como para que el Estado mexicano, según nos lo dicen, tan anti neoliberal, tan anti iniciativa privada, le regale esta enorme protección justo a las dos o tres empresas que no la necesitan”, comentó Labardini este lunes en el encuentro de la organización enfocada a la protección del consumidor.
En todo caso, las cuotas se impusieron en los canales de televisión y en la TV restringida, agregó la ex comisionada.
Irene Levy, presidenta de Observatel, recordó que la iniciativa comenzó en septiembre de 2020 cuando se pretendía imponer un mínimo de contenido nacional del 30 por ciento en el streaming.
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La Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, pretende que plataformas digitales como Netflix, Amazon, HBO o Blim tendrán como obligación ofrecer el 30% de producción nacional, algo que perjudicará directamente a los consumidores mexicanos.
“La nueva ley impone una cuota desproporcionada de contenidos nacionales en todas las plataformas digitales que operan en México, similar al modelo de la Unión Europea con el fin de mejorar la producción y distribución de contenido local en las plataformas digitales, pero la mexicana está incompleta ”, se señala en un documento del Consumer Choice Center con sede en Estados Unidos.
La legislación europea encontró un equilibrio entre la promoción de sus contenidos locales y el mantenimiento de los incentivos para invertir en nuevas producciones.
“Sabían que una cuota de contenido por sí misma no tuvo un impacto directo en los incentivos para producir nuevos contenidos locales, especialmente para los pequeños productores independientes que no siempre pueden alcanzar los altos montos de inversión requeridos para producirlos. Por ello, todos los países europeos que han decidido aplicar esta obligación la han combinado con incentivos fiscales para promover la producción audiovisual”, agregan.
Por esto, La Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual debe, también, incluir incentivos financieros para la producción nacional. Hasta ahora, los resultados han demostrado que en Europa el ingrediente esencial de esta fórmula son los incentivos financieros, no las cuotas.
La pérdida de los consumidores sería inmensa de aprobarse dicha ley, apoyada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias e impulsada por el senador Ricardo Monreal y la bancada de MORENA.
“Para cumplir con la cuota del 15%, Amazon Prime, al igual que otras plataformas similares, tenga que triplicar su colección de películas mexicanas en muy poco tiempo sin tener la certeza de que haya contenido disponible para incluir en su catálogo. Reducirán la cantidad de contenido total disponible y comprando más contenido producido principalmente por Televisa. En lugar de aumentar la oferta”.
Sin cuotas y sin leyes
Las cuotas de contenido ya se está dando a través de un proceso natural en el que las plataformas internacionales buscan crecer fuera de sus países de origen.
Amazon Prime aumentó el contenido original producido en México en un 68% entre 2018 y 2019. En 2020, Netflix invirtió 200 millones de dólares para producir contenido original en México y gastará casi 300 millones de dólares para producir 51 series en 2021. México es uno de los cinco países en el mundo donde Netflix opera un estudio de producción para producir contenido regional. Disney+ también producirá 21 producciones este año en México. Y HBO Max, incluso antes de su lanzamiento, ya está creando producciones localmente. Todo ello sin cuotas impuestas por el gobierno.
“La cuota de contenido haría que la inversión de las plataformas digitales en México no se dedique a realizar nuevas producciones con nuevos talentos, y únicamente se destinaría a comprar programas antiguos, frenando el desarrollo del cine mexicano que recientemente ha tenido éxito de mano de los servicios de streaming”, se explica en dicho documento.
Netflix tiene más de 4,000 títulos aquí en México y Prime Video tiene más de 4,000. Blim, la plataforma mexicana con la mayor biblioteca local de contenidos, tiene casi el mismo número de películas mexicanas en su catálogo que Prime Video en 2019 (231 y 224 respectivamente). Sin embargo, las 231 películas mexicanas representan el 95% de todo el catálogo en Blim y sólo el 5% del catálogo de Prime Video. Para cumplir con la cuota del 15%, Prime Video debe eliminar dos terceras partes de su biblioteca.
¿Un peligro más?
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados deberá cobrar un impuesto del 7% adicional en las tarifas que cobran las plataformas digitales extranjeras por los servicios de streaming.
La diputada Reyna Celeste Ascencio deberá modificar la Ley del Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS) y el impuesto se cobrará adicionalmente a la tarifa de Apple Tv, Disney+, Hulu, Netflix, Roku, entre otros servicios.
El consumidor, volverá a perder ante un aumento en el precio de las plataformas y por la obligación de ver productos mexicanos, sin darle la oportunidad de elegir lo que quiere ver.
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Tal como está ahora, la Comisión Europea está considerando tres opciones para un impuesto a los servicios digitales. Uno consistiría en un complemento del impuesto sobre la renta de las empresas a todas las empresas con actividades digitales en la Unión Europea, el otro un impuesto sobre los ingresos de ciertas actividades digitales en la UE. Una última opción sería un impuesto sobre las transacciones digitales de empresa a empresa en la UE. Los argumentos a favor de un DST (impuesto de servicios digitales) son dos: por un lado, y derivado de la presión política francesa, el DST se considera socialmente justo. Las empresas digitales prefieren ubicaciones de sede con impuestos optimizados, lo que significa que aquellas naciones con mayores impuestos corporativos pierden ingresos de las transacciones digitales. Esto se cambiaría a través de un impuesto que no considere la ubicación de la empresa, sino la ubicación de la transacción. Por otro lado, la UE acaba de crear el mayor presupuesto de la historia de la unión y ha asumido un préstamo de 750.000 millones de euros. No está del todo claro cómo se devolverá este dinero hasta 2058, pero un impuesto digital parece estar entre las propuestas existentes.
Un DST es rechazable por muchas razones. No sabemos en este momento cómo tal impuesto haría reaccionar a los actores del mercado. Cuando se introdujo el RGPD, vimos que una gran cantidad de operadores de medios se apoderaron de sus actividades en la UE porque no estaban seguros de cómo lidiar con las nuevas reglas de privacidad. Esto va más allá de una regla, y afectará los balances de las empresas. Además de eso, los umbrales son muy importantes. Los umbrales impositivos bajos afectarían a las pequeñas empresas emergentes europeas, que luego también podrían volver a ofrecer sus servicios solo en países con impuestos bajos.
Los innovadores deberían poder elegir entre ubicaciones con impuestos altos y bajos, y no enfrentarse a un impuesto uniforme e inevitable. Los problemas complicados, como el retraso digital de la UE, requieren soluciones complejas según los funcionarios, pero ese no es el caso. Menos intervención significa más innovación. Las demandas antimonopolio, una dirección que la UE ha estado más interesada en tomar en los últimos años, son una gran herramienta para la recaudación de impuestos, pero no resuelven el problema central. Necesitamos un mercado digital que tenga muchas opciones diferentes para elegir, lo que hace menos probable que una empresa pueda obtener un monopolio, ya que estará más preocupada por la competencia real y, por lo tanto, buscará encontrar soluciones innovadoras para los consumidores.
La justificación central dada por la Comisión para ambas propuestas es que las actividades digitales no están sujetas a impuestos tradicionales. La propiedad intelectual de las empresas en cuestión se encuentra a menudo fuera de la UE, donde se crea la mayor parte del valor añadido. Los ingresos de estas empresas generalmente no se gravan en la UE, pero esto ciertamente no significa que las empresas no paguen impuestos en absoluto, especialmente desde que EE. UU. ha adoptado un impuesto mínimo global. Por lo tanto, no es el ideal virtuoso de que “estas empresas deben pagar sus impuestos”, sino que estas empresas deben pagar sus impuestos a la UE. La diferencia para una organización internacional que acaba de perder a un importante miembro contribuyente (el Reino Unido) es, por lo tanto, más una cuestión de ingresos que un principio de justicia social.
Esta táctica de negociación podría hacer subir una factura, y esa es la del consumidor europeo. Muy a menudo, los aumentos en el gasto de las empresas en impuestos indirectos, que esto implicaría inevitablemente, elevarían los precios para los consumidores en todo el continente. Hace tiempo que se reconoce que el IVA es el impuesto que más afecta a las personas pobres, pero muchos países de la UE ahora prefieren introducir niveles más altos de impuestos indirectos. Justo en un momento en que las personas con ingresos especialmente bajos pueden tener un acceso más sencillo a muchos productos gracias a Internet, parece cruel restringir su poder adquisitivo, especialmente en medio de una pandemia que obliga a muchos ciudadanos de la UE a utilizar soluciones digitales. Si nos preocupamos por aquellos con salarios bajos, necesitamos un mercado más competitivo en el que las empresas estén en una carrera de precios, no una carrera para optimizar las cargas fiscales astronómicas.
Sin lugar a dudas, el futuro de la economía de mercado de Europa se encuentra en el sector digital. La idea de intentar gravar masivamente los negocios en línea no es un objetivo prometedor, ni para los estados ni para sus consumidores. Pertenece al basurero de la integración política creativa de la UE.
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Varios países y regiones ya están aplicando cuotas de contenido de entretenimiento. Esto significa que un determinado porcentaje del contenido audiovisual de los canales de emisión debe ser local. Esta regla ya existe en Francia, para las emisoras de radio.
Para las estaciones de radio privadas, existen reglas sobre la transmisión de canciones en francés. Establece que: “la proporción sustancial de obras musicales en francés o interpretadas en un idioma regional utilizado en Francia debe alcanzar un mínimo de 40% de canciones francesas, al menos la mitad de las cuales deben provenir de nuevos talentos o nuevas producciones, transmitidas durante escuchas significativas horas por cada uno de los servicios de radiodifusión autorizados por el Conseil supérieur de l'audiovisuel, para la parte de sus programas compuesta por música de variedades. ”
Desde julio de 2016, la ley se ha complementado con nuevas disposiciones:
En primer lugar, la adición de un tercer régimen derogatorio ad hoc para las emisoras de radio denominadas de “descubrimiento musical”: al menos 15% de nuevas producciones en lengua francesa o nuevos talentos en lengua francesa. En segundo lugar, la introducción de un malus destinado a excluir a algunos de los emisiones de los diez títulos en lengua francesa más programados, los que representan más del 50% del total de emisiones en lengua francesa, a partir del cómputo del cumplimiento de las obligaciones de emisión de canciones en lengua francesa. Por último, la creación de una bonificación que permite ajustar a la baja las cuotas globales de canciones en lengua francesa hasta en cinco puntos, siempre que se cumplan varias condiciones acumulativas relativas, en particular, a compromisos sustanciales y cuantificados de promoción de la diversidad en la programación musical.
Realmente se necesitan los franceses para hacer una estación de radio tan francamente burocrática, y su música terriblemente controlada. Me guste o no la música francesa, por mi vida no puedo entender un sistema en el que el gobierno entra en tu estación y decide de qué origen debe ser tu contenido de audio. No es solo distópico, es francamente autoritario.
Actualmente, México está debatiendo nuevas reglas que requerirían una cuota de contenido nacional de 15% ("contenido o video generado por una persona natural o jurídica con una financiación mayoritaria de origen mexicano"). El hecho de que la UE también se ocupe de una cuota de contenido audiovisual para el contenido local es inspirador para otros países. Los países desarrollados que tienen una regla a menudo permiten la legitimidad de las reglas nacionalistas en otras regiones. El término “nacionalista” se elige cuidadosamente aquí porque, en esencia, el gobierno está haciendo que las emisoras discriminen a propósito.
¿Sobre qué base podría argumentar alguien en la Unión Europea que consumir contenido audiovisual europeo es preferible a una película de Sudáfrica o una canción de Malasia? ¿Es este el equivalente europeo de apoyar la diversidad cultural, apoyar el acceso audiovisual para nuestras comunidades de expatriados y ayudar a los creadores de contenido en los países en desarrollo?
Sí, Estados Unidos domina los mercados de transmisión con sus películas y su música. La pregunta es si nosotros, o cualquier otro país, tenemos razón al creer que impulsar nuestro sector cultural ocurre si obligamos a las emisoras a favorecer nuestro contenido por ley. La UE es la región consumidora más importante del planeta; en todo caso, debería ser más fácil para nuestros proveedores de contenido satisfacer la necesidad de música y películas locales.
Celebrar nuestra diversidad cultural no es algo malo. Si bien es genial cuando los artistas locales triunfan en la pantalla grande o consiguen su éxito en las listas de éxitos, no es una tragedia si no lo hacen. El arte no es una posesión nacional, es una parte de nuestras vidas apreciada internacionalmente. El gobierno no debe apropiarse de ella.
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Aunque estoy satisfecho, algunos reguladores no están contentos con la cantidad de contenido artístico local en estas plataformas. “Para aumentar la diversidad cultural y promover el contenido europeo, la nueva legislación propone que 30% de contenido de canales de TV y plataformas VOD tendrían que ser europeos”, dijo un comunicado de prensa del Parlamento Europeo desde 2018. Pero poner "Europa primero" en Spotify y Netflix es problemático por varias razones.
Por un lado, los legisladores intervienen en la libertad de las empresas de radiodifusión para elegir sus propios contenidos. En la actualidad, eligen qué contenido consideran más interesante y valioso para su base de clientes. Es difícil imaginar que los servicios de transmisión no encuentren ningún valor en la creación de contenido local, dado que compiten con las emisoras de televisión que atienden a este mercado. Sumado a eso, llamar a estas cuotas de contenido “de apoyo” al sector cultural es un nombre inapropiado porque es poco probable que realmente apoye las producciones locales.
Llevar Netflix como caso de estudio. Los usuarios estadounidenses tienen acceso a 100% de títulos de Netflix, lo que tiene sentido intuitivo. Sin embargo, a través de una combinación de reglas de derechos de autor que permiten el bloqueo geográfico y las cuotas de contenido, los suscriptores europeos de Netflix obtienen un trato pésimo. De todos los estados miembros de la UE, Lituania tiene acceso a la mayor parte con 52% de títulos. Con solo 11%, Portugal obtiene la peor experiencia para los suscriptores. La idea de que las cuotas de contenido impulsarán automáticamente la producción cinematográfica local es una utopía: es igualmente probable que los servicios de transmisión reduzcan los títulos disponibles en general para igualar la cuota sin necesidad de gastar fondos adicionales.
Políticamente, la medida es profundamente antieuropea. Estas cuotas, que también existen a nivel nacional, han sido introducidas y reformadas por los principales partidos políticos. Aún así, difícilmente sería controvertido afirmar que si Marine Le Pen los hubiera sugerido, con banderas francesas en el fondo, pensaríamos de manera muy diferente sobre esta política. Sería etiquetado como nacionalista, y con razón.
Por alguna razón, los legisladores de la UE eluden este juicio porque ahora se está ejecutando a nivel de todo el continente. Pero, ¿sobre qué base podría alguien en la Unión Europea argumentar que consumir contenido audiovisual europeo es de alguna manera preferible a una película de Sudáfrica o una canción de Malasia? ¿Es este el equivalente europeo de apoyar la diversidad cultural, apoyar el acceso audiovisual para nuestras comunidades de expatriados y ayudar a los creadores de contenido en los países en desarrollo?
Sí, Estados Unidos domina los mercados de transmisión con sus películas y su música. La pregunta es si nosotros, o cualquier otro país, tenemos razón al creer que impulsar nuestro sector cultural ocurre si obligamos a las emisoras a favorecer nuestro contenido por ley. La UE es la región consumidora más importante del planeta; en todo caso, debería ser más fácil para nuestros proveedores de contenido satisfacer la necesidad de música y películas locales.
Sobre todo, la legislación europea es con demasiada frecuencia el dominó que crea una reacción en cadena. Actualmente, México está debatiendo nuevas reglas que requerirían una cuota de contenido nacional de 15% ("contenido o video generado por una persona natural o jurídica con una financiación mayoritaria de origen mexicano"). Sin embargo, esta iniciativa pasa por alto el hecho mencionado anteriormente; que la UE es la mayor región consumidora del mundo.
Las sinergias que se obtienen de un bloque económico del tamaño de la UE no son las mismas de un mercado individual. E incluso si la regulación de la UE permite que la producción de más de 40 países se considere para la cuota, la reacción en cadena amplifica los efectos insidiosos de la legislación en lugar de promover los llamados beneficios culturales. Al final, los consumidores se quedarán con menos diversidad de contenido ya que los productores reducirían sus catálogos solo para cumplir con la regulación.
Las cuotas de contenido reducen la experiencia de transmisión del consumidor, discriminan injustamente a las producciones extranjeras y no logran los objetivos que se propusieron lograr. Si tuviéramos el poder de calificar las políticas públicas en una plataforma equivalente de IMDb, esto obtendría un 0.0/10.
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